Los que me conocéis sabéis que siempre he sido partidario de la redistribución de la riqueza a través de los impuestos; es decir, que los más desfavorecidos en el aspecto salarial tengan, a través de la gestión del Estado, acceso a los mismos servicios básicos que el resto. Esto siempre lo he traducido en los conceptos de universalidad del acceso a la enseñanza y la sanidad, incrementando la correspondiente a la enseñanza por la vía de las becas.
Hoy no hablaré de la sanidad ya que, a pesar de las carencias que presenta la Seguridad Social, la distribución de dichas carencias en todo el territorio nacional no es homogénea, como tampoco lo es la implantación de la sanidad privada –al menos en el ramo de las grandes sociedades-. Además, comparado con los paises de nuestro entorno, la cobertura sanitaria es satisfactoria siempre y cuando no tengamos en cuenta las listas de espera… que merecen un post aparte.
En lo referente a la educación, mi principal preocupación es lo que denomino “igualdad de oportunidades intergeneracional”, esto es que todos los hijos tengan igualdad de oportunidades con independencia de quiénes sean sus padres. Este punto se potencia únicamente a través de una enseñanza pública de calidad que sea capaz de competir en todos los frentes con la enseñanza privada, a lo largo de todas las etapas educativas (primaria, ESO, Bachillerato y, por supuesto, Formación profesional y Universidad).
En la Comunidad de Madrid, donde vivo, se está realizando un esfuerzo importante por mejorar la calidad de la enseñanza pública en uno de los puntos en que tradicionalmente iba a remolque de la privada: los idiomas. Bien es cierto que actualmente los centros privados en su mayoría ofertan un tercer idioma (Francés, Alemán…) y que el método de implantación de la enseñanza en Inglés dista mucho de la perfección en lo que a capacitación de los profesores se refiere, pero el camino está abierto y se supone que será cuestión de tiempo y dinero conseguir el objetivo.
Sin embargo, la misma Comunidad que publicita sus esfuerzos por mejorar la enseñanza pública favorece –en ocasiones con descaro- la proliferación de nuevos centros de enseñanza concertada frente a nuevos centros públicos; la bandera de discusión es que frente a unos supuestos mayores medios de la pública –por ejemplo en el ratio de profesores por alumno-, la enseñanza concertada tiene un coste menor para la Administración –eso sí, no se habla de las distintas formas de ‘impuesto revolucionario’ que cobran dichos centros en forma de cuotas de la APA, donaciones a la Fundación de turno o, directamente, como complemento por extensión curricular (este es muy gracioso)-.
En fin, llegamos a la madre del cordero, o sea la redistribución de la riqueza a través de la igualdad de oportunidades en la educación. Cuál no será mi sorpresa al encontrarme con que uno de los factores más determinantes a la hora de obtener plaza en el centro solicitado es… efectivamente, lo habéis adivinado, la renta familiar. Es decir, mientras yo financio en mayor medida que otros el sistema de educación pública –pago un porcentaje mayor sobre unos ingresos también mayores- y estoy de acuerdo con ello, mis hijos son manifiestamente discriminados porque sus padres ganan más que otros. Pero… ¿no estábamos hablando de la igualdad de oportunidades? Antes bien por el contrario –como decía Elvira, mi profesora de Lengua- mis hijos quedan condenados a ser los últimos de la lista, optando a aquellos centros que, por un motivo u otro, nadie más quiere.
Esto se agrava aún más si cabe si tenemos en cuenta el concepto aplicado para determinar la renta familiar: la declaración de Hacienda. Claro, en mi caso los dos padres somos empleados por cuenta ajena, sujetos a una nómina que nuestra empresa está obligada a comunicar a la Agencia Tributaria. Mis convecinos autónomos, pequeños empresarios, profesionales liberales etc pueden manejar esa información a su antojo, lo que se traduce no sólo en que sus hijos sí obtienen la ansiada plaza en el centro de su elección, sino que además sus padres no contribuyen en la misma medida que yo a la redistribución de la riqueza dado que, en general, no tributan por todos sus ingresos. Además de poco solidarios, resulta que se aprovechan del sistema y éste, a su vez, se lo permite.
¿Cuál es la solución? Estoy lejos de conocerla, pero por una parte habrá que cambiar el sistema fiscal aplicado en la actualidad a todos aquellos que no están sujetos a una nómina; por otra, el criterio de renta familiar debería ser excluido del sistema de asignación de plazas con el fin de garantizar ese famoso artículo de la constitución que establece que “Todos los españoles son iguales ante la ley con independencia de …..”
Hoy no hablaré de la sanidad ya que, a pesar de las carencias que presenta la Seguridad Social, la distribución de dichas carencias en todo el territorio nacional no es homogénea, como tampoco lo es la implantación de la sanidad privada –al menos en el ramo de las grandes sociedades-. Además, comparado con los paises de nuestro entorno, la cobertura sanitaria es satisfactoria siempre y cuando no tengamos en cuenta las listas de espera… que merecen un post aparte.
En lo referente a la educación, mi principal preocupación es lo que denomino “igualdad de oportunidades intergeneracional”, esto es que todos los hijos tengan igualdad de oportunidades con independencia de quiénes sean sus padres. Este punto se potencia únicamente a través de una enseñanza pública de calidad que sea capaz de competir en todos los frentes con la enseñanza privada, a lo largo de todas las etapas educativas (primaria, ESO, Bachillerato y, por supuesto, Formación profesional y Universidad).
En la Comunidad de Madrid, donde vivo, se está realizando un esfuerzo importante por mejorar la calidad de la enseñanza pública en uno de los puntos en que tradicionalmente iba a remolque de la privada: los idiomas. Bien es cierto que actualmente los centros privados en su mayoría ofertan un tercer idioma (Francés, Alemán…) y que el método de implantación de la enseñanza en Inglés dista mucho de la perfección en lo que a capacitación de los profesores se refiere, pero el camino está abierto y se supone que será cuestión de tiempo y dinero conseguir el objetivo.
Sin embargo, la misma Comunidad que publicita sus esfuerzos por mejorar la enseñanza pública favorece –en ocasiones con descaro- la proliferación de nuevos centros de enseñanza concertada frente a nuevos centros públicos; la bandera de discusión es que frente a unos supuestos mayores medios de la pública –por ejemplo en el ratio de profesores por alumno-, la enseñanza concertada tiene un coste menor para la Administración –eso sí, no se habla de las distintas formas de ‘impuesto revolucionario’ que cobran dichos centros en forma de cuotas de la APA, donaciones a la Fundación de turno o, directamente, como complemento por extensión curricular (este es muy gracioso)-.
En fin, llegamos a la madre del cordero, o sea la redistribución de la riqueza a través de la igualdad de oportunidades en la educación. Cuál no será mi sorpresa al encontrarme con que uno de los factores más determinantes a la hora de obtener plaza en el centro solicitado es… efectivamente, lo habéis adivinado, la renta familiar. Es decir, mientras yo financio en mayor medida que otros el sistema de educación pública –pago un porcentaje mayor sobre unos ingresos también mayores- y estoy de acuerdo con ello, mis hijos son manifiestamente discriminados porque sus padres ganan más que otros. Pero… ¿no estábamos hablando de la igualdad de oportunidades? Antes bien por el contrario –como decía Elvira, mi profesora de Lengua- mis hijos quedan condenados a ser los últimos de la lista, optando a aquellos centros que, por un motivo u otro, nadie más quiere.
Esto se agrava aún más si cabe si tenemos en cuenta el concepto aplicado para determinar la renta familiar: la declaración de Hacienda. Claro, en mi caso los dos padres somos empleados por cuenta ajena, sujetos a una nómina que nuestra empresa está obligada a comunicar a la Agencia Tributaria. Mis convecinos autónomos, pequeños empresarios, profesionales liberales etc pueden manejar esa información a su antojo, lo que se traduce no sólo en que sus hijos sí obtienen la ansiada plaza en el centro de su elección, sino que además sus padres no contribuyen en la misma medida que yo a la redistribución de la riqueza dado que, en general, no tributan por todos sus ingresos. Además de poco solidarios, resulta que se aprovechan del sistema y éste, a su vez, se lo permite.
¿Cuál es la solución? Estoy lejos de conocerla, pero por una parte habrá que cambiar el sistema fiscal aplicado en la actualidad a todos aquellos que no están sujetos a una nómina; por otra, el criterio de renta familiar debería ser excluido del sistema de asignación de plazas con el fin de garantizar ese famoso artículo de la constitución que establece que “Todos los españoles son iguales ante la ley con independencia de …..”
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